Con el paso de los años, la proliferación de viviendas de uso turístico ha impactado en el mercado inmobiliario y la convivencia en los vecindarios.
Desde que en 2008 naciera Airbnb la plataforma de alquiler vacacional no ha dejado de crecer. En estos años ya tiene presencia en más de 100.000 ciudades de más de 200 países diferentes, con un total de más de 7 millones de anuncios. Pero no es la única, cada vez son más las compañías que se han ido sumando en estos años al boom del alquiler turístico.
Para frenar el avance de compañías de alquiler a corto plazo como Airbnb, muchas grandes ciudades han sacado adelante medidas regulatorias y fiscales. La última: Nueva York.
El Ayuntamiento de Nueva York aprobaba este verano una normativa que obliga a los anfitriones de alquileres a corto plazo (menos de un mes) a registrarse en la ciudad para poder seguir ofreciendo sus viviendas, lo que ha llevado a muchos propietarios a retirar sus anuncios.
Para registrarse, deben cumplir varios requisitos: no alquilar un apartamento o una casa entera (aunque sea de su propiedad) y también deben estar presentes durante las estancias de corta duración de sus huéspedes, tal y como Brian Chesky imaginó cuando fundó la compañía. Tampoco se permiten más de dos huéspedes a la vez, lo que significa que las familias quedan excluidas.
Según el portal Inside Airbnb, la ciudad de Nueva York cuenta a día de hoy con 39.500 viviendas (a finales de agosto eran 43.500) anunciadas en la plataforma de Chesky a un precio medio de 220 dólares (205 euros) la noche.
Según informa The Guardian, la compañía se ha visto obligada a dejar de aceptar algunas reservas en la ciudad tras la entrada en vigor de la nueva normativa. Las plataformas de alquiler a corto plazo no están autorizadas a publicar anuncios de anfitriones no registrados, y a principios de esta semana, cuando la ley entró en vigor, muy pocos se habían registrado. Según citado medio, la ciudad habría aprobado poco menos de 300 de las más de 3.800 solicitudes recibidas.
Airbnb afirma que desde el 21 de agosto ha dejado de aceptar nuevas reservas a corto plazo de cualquier anfitrión que no hubiera proporcionado un número de registro de la ciudad o documentación de que estaba en proceso.
La medida que parecía poner fin a la batalla entre defensores y retractores no ha hecho más que avivar el debate.
Por un lado, las autoridades y los defensores de la vivienda afirman que estas restricciones son necesarias para impedir que los apartamentos residenciales se conviertan en hoteles con extraños en los pasillos y fiestas en las propiedades alquiladas. La obligatoriedad del registro, añaden, protegerá a los viajeros de alojamientos ilegales e inseguros.
Sin embargo, Airbnb ha combatido las normas en los tribunales, argumentando que eran esencialmente una prohibición, y que perjudicarían tanto a los visitantes en busca de alojamiento asequible como a los miles de neoyorquinos y pequeñas empresas de los barrios periféricos que dependen del turismo para llegar a fin de mes, publica The Guardian.